Altos salarios y opacidad en la UASLP: ingresos de la cúpula universitaria bajo la lupa

Marzo fue un mes de pagos extraordinarios en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), que evidenció la brecha salarial entre la élite administrativa y el resto de la comunidad universitaria. Según datos oficiales publicados por la propia institución, los ingresos de la alta burocracia se dispararon con conceptos como la prima vacacional, lo que ha reavivado el debate sobre los límites salariales en el sector público educativo.

El rector Alejandro Zermeño percibió un ingreso bruto de 294 mil 531 pesos, que tras deducciones quedó en 174 mil 170 pesos netos. Por su parte, el secretario de Finanzas, Isaías Ricardo Martínez, reportó 271 mil 362 pesos brutos y 173 mil 868 pesos netos, una diferencia de apenas 302 pesos respecto al rector. Esta cercanía en ingresos refleja una concentración de beneficios en un círculo reducido.

En la misma línea, Federico Garza Herrera, secretario general y exfiscal estatal, obtuvo 262 mil 366 pesos brutos, equivalentes a 156 mil 22 pesos netos. La abogada general, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, recibió 226 mil 611 pesos brutos y 146 mil 613 pesos netos. Estos montos consolidan un bloque de altos mandos con ingresos muy por encima del promedio institucional.

Sin embargo, el problema no se limita a los montos. Durante enero y febrero, la universidad evitó transparentar los ingresos de su cúpula en la Plataforma Estatal de Transparencia, publicando únicamente los datos del resto del personal. Fue hasta marzo cuando los nombres aparecieron, aunque con una presentación que mezcla sueldos base y apoyos extraordinarios, lo que dificulta distinguir cada concepto.

Este manejo de la información alimenta dudas sobre si las percepciones están justificadas por resultados y responsabilidades, o si se trata de un sistema de compensaciones diseñado para beneficiar a un grupo específico. La falta de desglose y la tardanza en la publicación no ayudan a disipar las sospechas.

En un contexto donde la universidad se sostiene con recursos públicos, la rendición de cuentas no puede depender de la presión externa ni presentarse de forma parcial. La autonomía universitaria no debería convertirse en un argumento para la opacidad, sino en un compromiso más fuerte con la transparencia. De lo contrario, el prestigio institucional corre el riesgo de quedar opacado por la percepción de privilegios concentrados en unos cuantos.