Bloqueos de taxistas en San Luis Potosí: entre protestas gremiales y sospechas de irregularidades

San Luis Potosí volvió a quedar atrapado entre bloqueos, tráfico interminable y afectaciones económicas derivadas de las protestas impulsadas por un sector reducido de taxistas. Lejos de representar a todo el gremio, este grupo ha convertido vialidades estratégicas en instrumento de presión. Bajo la exigencia de la destitución de la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta, las movilizaciones han golpeado directamente a trabajadores, estudiantes, comerciantes y miles de ciudadanos obligados a padecer el colapso urbano.

Aunque públicamente las protestas se presentan como una defensa ante supuestas desigualdades frente a plataformas digitales y fallas regulatorias, el trasfondo parece apuntar a otro objetivo: frenar las revisiones vehiculares y evitar que se profundicen mecanismos de control que podrían sacar a la luz anomalías dentro del sector. La resistencia a la revista vehicular ha encendido alertas, particularmente porque podría evidenciar unidades irregulares, documentación alterada o concesiones operando fuera de norma.

Los antecedentes acumulados durante este mismo año alimentan aún más las sospechas. Al menos 15 operadores de taxi han sido detenidos por delitos que van desde narcomenudeo y posesión de cristal hasta robo con violencia, manejo temerario, portación de armas y uso de vehículos irregulares. Casos como el de Oscar Uriel Martínez Hernández, arrestado el 1 de enero con droga en Escalerillas, o el de Fabián Vásquez Donjuan, detenido en Santa María del Río junto a sujetos armados, reflejan un patrón que dista de tratarse de hechos aislados.

La lista continuó durante enero con detenciones por placas sobrepuestas, robos violentos a comercios y delitos contra la salud, incluyendo a operadores señalados como objetivos criminales por ataques a tiendas de conveniencia. Febrero y marzo tampoco estuvieron exentos: taxistas fueron asegurados por posesión de droga y hasta por conducir vehículos robados con violencia en otras entidades, exponiendo fallas graves en los filtros internos y de supervisión.

El panorama se agravó en abril y mayo, cuando nuevos aseguramientos involucraron a operadores detenidos por daños, conducción temeraria y posesión de narcóticos. Destaca además el hallazgo de taxis que operaban con reporte de robo, como un Volkswagen Vento hurtado con violencia en Puebla y convertido en unidad de servicio público, así como un Chevrolet Aveo robado en la capital potosina y posteriormente habilitado como taxi.

En este contexto, los bloqueos dejan de parecer una simple exigencia gremial y comienzan a interpretarse como una estrategia de presión para frenar inspecciones incómodas. Mientras un pequeño grupo radical paraliza la ciudad para defender intereses particulares, la ciudadanía termina pagando la factura: horas perdidas, caos vial, afectaciones económicas y una creciente percepción de que algunos buscan más impunidad que soluciones.