Diputada propone prohibir celulares en primarias y regular su uso en secundarias de San Luis Potosí

La diputada Ma. Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de limitar el uso de dispositivos electrónicos en el ámbito educativo. La propuesta busca proteger el desarrollo integral de los estudiantes y promover entornos escolares saludables, seguros y orientados al aprendizaje.

La reforma establece que las autoridades educativas determinarán el uso complementario de celulares y otros dispositivos electrónicos como material de apoyo en la enseñanza para estudiantes de secundaria, siempre bajo lineamientos específicos durante la jornada escolar. En contraste, se prohibirá su uso en los planteles de educación primaria.

El proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores, atendiendo al principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas, en coordinación con las instancias correspondientes, diseñarán e implementarán estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el uso responsable de dispositivos electrónicos.

La iniciativa tiene como objetivo prevenir, detectar y atender riesgos asociados al entorno digital, como el ciberacoso y la exposición a contenido inadecuado. También busca concientizar sobre el impacto del uso excesivo de la tecnología en el desarrollo integral y la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

En la exposición de motivos, la diputada Rocha Medina señaló que, si bien la tecnología ofrece ventajas como la eficiencia en tareas educativas y laborales, su uso excesivo genera efectos nocivos que afectan la salud mental, los procesos de socialización y la forma de interactuar entre las personas. Destacó que las niñas, niños y adolescentes son los más vulnerables a estos efectos, por lo que es importante atender esta problemática en sus etapas iniciales de formación.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis y dictaminación.