Diputado propone reforma para castigar a deudores alimentarios que oculten ingresos en San Luis Potosí

El diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí para sancionar a quienes proporcionen datos falsos, oculten o alteren su nombre, domicilio o el monto real de sus ingresos con el objetivo de evadir el establecimiento o cumplimiento de obligaciones alimentarias, según lo establecido en el Código Familiar del estado.

La propuesta busca cerrar vacíos legales que permiten a deudores alimentarios evadir sus responsabilidades mediante maniobras dolosas. Actualmente, el artículo 202 del Código Penal estatal sanciona la omisión injustificada de proveer recursos y la insolvencia ficticia, pero no contempla conductas como la ocultación o alteración de datos personales o ingresos, que son recurrentes para evitar el pago de pensiones.

Lara Rocha explicó que la nueva fracción propuesta persigue y sanciona de forma autónoma la acción de falsear u ocultar información esencial ante las autoridades, combatiendo el dolo procesal con el que operan los deudores. Además, la reforma incrementa la penalidad vigente de seis meses a tres años de prisión a un rango de uno a cuatro años de privación de la libertad.

El diputado señaló que este ajuste no vulnera los principios de proporcionalidad establecidos en el artículo 22 de la Constitución Federal, ya que se alinea con el marco punitivo de los delitos contra la familia y responde a la gravedad de privar deliberadamente de sustento a quienes dependen del deudor.

Para dotar de certeza jurídica a víctimas y operadores de justicia, la iniciativa actualiza la terminología del precepto para remitir de forma directa y unificada al Código Familiar del Estado, evitando interpretaciones ambiguas y garantizando que la norma penal evolucione en sintonía con las disposiciones civiles sustantivas.

En la exposición de motivos, Lara Rocha destacó que el bienestar económico y la seguridad alimentaria de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en situación de vulnerabilidad son pilares fundamentales del orden social, y que el incumplimiento deliberado de esta obligación es una problemática recurrente que vulnera el interés superior de la niñez y el derecho a una vida digna.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis.