Congreso de San Luis Potosí impulsa reforma para endurecer penas por maltrato animal

La Comisión de Ecología del Congreso del Estado de San Luis Potosí promueve una reforma al Código Penal local con el objetivo de cerrar vacíos legales y evitar que personas acusadas de crueldad animal puedan obtener fianza. La iniciativa, impulsada por el diputado Luis Felipe Castro Barrón, busca que los agresores no puedan eludir la prisión mediante mecanismos como la reparación del daño o el perdón.

El legislador anunció que en los próximos días se realizará una reunión con organizaciones de la sociedad civil y representantes de la Fiscalía General del Estado para debatir modificaciones a las leyes de protección animal. El objetivo es recabar opiniones que fortalezcan la propuesta y aseguren su efectividad práctica. “Debemos recoger el punto de vista de las organizaciones, de la sociedad civil, del Congreso del Estado, para que sean realmente efectivas”, señaló Castro Barrón.

El diputado explicó que, aunque ya existe legislación en la materia, presenta “huecos” y “diferentes salidas para estos agresores”. La reforma pretende eliminar esas opciones, garantizando que los responsables enfrenten penas de cárcel y sanciones económicas significativas sin posibilidad de evadirlas. “Vamos a cerrar estos candados para que no puedan salir bajo fianza”, afirmó.

La iniciativa se centra en castigar con mayor rigor actos de crueldad, sadismo o el asesinato sádico de animales. Según Castro Barrón, el proyecto ya fue analizado por la Comisión de Ecología y se considera viable. Hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar casos de maltrato animal, destacando la importancia de saber dónde presentar las denuncias: en la Fiscalía General del Estado, en los ayuntamientos o en las Direcciones de Ecología municipales.

El legislador también lamentó la falta de recursos en la mayoría de los municipios para aplicar las leyes de protección animal. Señaló que, aunque la ley obliga a los ayuntamientos a contar con patrullas de cuidado animal, solo tres municipios—Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y San Luis Potosí—las tienen operativas, dejando a los 56 municipios restantes sin este mecanismo de vigilancia y respuesta.