San Luis Potosí reforma ley para proteger a adultos mayores de abusos y explotación

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una reforma a la Ley de las Personas Adultas Mayores que establece prohibiciones explícitas y sanciones contra actos de discriminación, abuso, explotación, aislamiento y mendicidad forzada. La modificación busca definir con mayor claridad las obligaciones de las familias y cuidadores directos, garantizando un trato respetuoso y libre de violencia para este sector poblacional.

La iniciativa, propuesta por la diputada Diana Ruelas Gaitán y dictaminada por la Comisión de Derechos Humanos presidida por el diputado Marco Antonio Gama, prohíbe expresamente que cualquier persona, sea familiar o no, realice conductas que tengan por efecto forzar, presionar o inducir a adultos mayores a ejecutar actos de mendicidad, trabajos forzados o actividades que atenten contra su dignidad o salud física y mental.

La reforma también contempla como prohibidas cualquier acción u omisión que implique riesgo, menoscabo o afectación a la integridad personal, dignidad, ingresos, bienes o patrimonio de los adultos mayores. Esto incluye figuras como el despojo, la retención indebida de recursos, la suplantación de identidad o la celebración de actos jurídicos que vulneren sus derechos.

El marco legal establece que todo acto que configure alguna de estas conductas deberá denunciarse inmediatamente ante la autoridad competente. Dicha autoridad está obligada a activar los mecanismos de protección, investigación y restitución de derechos que resulten procedentes en cada caso.

La legislación señala que quienes cometan actos de discriminación, abuso, explotación, aislamiento o violencia contra una persona adulta mayor serán sancionados conforme a las leyes aplicables en el estado. Las sanciones aplican cuando dichas conductas pongan en riesgo la integridad física o psicológica, los derechos, o obliguen a realizar actos de mendicidad o trabajos forzados.

Según los promotores de la reforma, el objetivo central es garantizar que toda persona adulta mayor reciba un trato respetuoso y libre de violencia, respetando su autonomía en un contexto donde se observen y practiquen sus derechos, con el apoyo de su familia y la sociedad.