Proponen nueva Ley de Manejo del Fuego en San Luis Potosí para transitar del combate a la prevención

El diputado Tomás Zavala González presentó una iniciativa para expedir la Ley de Manejo del Fuego en Ecosistemas Forestales del Estado de San Luis Potosí. La propuesta busca modernizar el marco normativo estatal, abrogando la ley vigente publicada en 2013, que se considera obsoleta frente a los desafíos actuales.

La iniciativa plantea un cambio de paradigma fundamental: pasar de un enfoque reactivo centrado en el ‘combate’ de incendios hacia una gestión integral y proactiva del riesgo. El objetivo es alinear la legislación estatal con el paradigma técnico del Manejo Integral del Fuego, la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA-2023 y los principios de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Entre los ejes estratégicos de la nueva ley se encuentra la creación de un Sistema Técnico Estatal de Clasificación de Riesgo con base científica. Este sistema permitiría anticipar y gestionar el riesgo de manera proactiva, en lugar de reaccionar una vez iniciado el fuego.

La iniciativa también propone clarificar y modernizar las atribuciones de las autoridades. Define con precisión el rol de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) como autoridad rectora en materia de manejo del fuego, mientras limita a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDARH) a su ámbito de competencia en el sector agropecuario, con el fin de eliminar superposiciones y generar una cadena de mando clara.

Otro punto clave es la regulación técnica y segura del uso del fuego. Se distingue entre quemas controladas y prescritas, exigiendo la presentación de planes de trabajo y operativos, instituyendo la certificación obligatoria del personal y creando un Calendario Estatal de Quemas vinculante.

La propuesta fortalece la participación social y la gobernanza al consolidar el Comité Técnico de Incendios Forestales como órgano colegiado de máxima autoridad técnica, integrado por gobierno, academia, sociedad civil, comunidades y productores.

Finalmente, se establece un régimen sancionador disuasorio que deroga el sistema de multas laxas. En su lugar, implementa un catálogo de infracciones graduadas (leves, graves, muy graves) con sanciones económicas significativas de hasta 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la revocación definitiva de permisos y la obligación de reparar integralmente el daño ambiental causado.