Iniciativa en San Luis Potosí busca tipificar acoso y hostigamiento sexual como faltas graves de servidores públicos

La diputada Leticia Vázquez Hernández presentó una iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de San Luis Potosí. El objetivo es que el acoso sexual laboral y el hostigamiento sean considerados formalmente como faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos, lo que permitiría imponer sanciones más rigurosas.

La propuesta legislativa busca incorporar definiciones específicas en el capítulo de Faltas Administrativas Graves. Según el texto, se consideraría responsable de acoso sexual al servidor público que realice acciones, comportamientos o expresiones físicas o verbales de índole sexual con la intención de causar perjuicio a otra persona. En cuanto al hostigamiento, se señalaría como responsable al funcionario que, aprovechando su posición jerárquica, ejerza de manera reiterada acciones, comportamientos o expresiones con fines sexuales, ofensivos o degradantes contra una persona bajo su subordinación.

En su exposición de motivos, la legisladora argumenta que, si bien el Código Penal estatal y la Ley de los Trabajadores del Estado ya contienen disposiciones para sancionar estos actos, la Ley de Responsabilidades Administrativas carece de dichas definiciones aplicables específicamente a los servidores públicos. Vázquez Hernández subraya la importancia de esta incorporación para cerrar vacíos legales.

La iniciativa define el hostigamiento laboral como el ejercicio de poder en una relación de subordinación real, que implica conductas hostiles, vejatorias y sistemáticas con la intención de amedrentar, excluir o forzar la renuncia de la víctima. Este concepto incluye burlas, insultos, exclusión, humillación, asignación excesiva de trabajo o acoso sexual. Por su parte, el acoso sexual laboral es descrito como una forma de violencia y discriminación que comprende conductas físicas, verbales o no verbales de naturaleza sexual no deseadas, lascivas y ofensivas, las cuales crean un ambiente hostil y atentan contra la dignidad de la víctima.

La diputada enfatizó que para lograr ambientes laborales igualitarios y equitativos es fundamental que las instituciones sean espacios libres de todo tipo de violencia, particularmente contra las mujeres. Destacó que el acoso sexual y por razón de sexo constituyen la principal forma de violencia que sufren las mujeres en sus trabajos, por lo que resulta prioritario impulsar políticas y medidas preventivas.

La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Gobernación del Congreso local.