Iniciativa en San Luis Potosí propone reformar ley para reconocer las ‘violencias’ contra las mujeres

Una iniciativa presentada en el Congreso de San Luis Potosí busca reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estatal. El objetivo principal es armonizar la legislación local con la federal y adoptar el término “violencias” en plural, reconociendo así la diversidad y complejidad de las agresiones que enfrentan las mujeres.

La diputada Roxanna Hernández Ramírez, promotora de la iniciativa, argumenta que el uso del plural visibiliza que la violencia no es un fenómeno aislado, sino una manifestación estructural que se expresa en múltiples ámbitos. Entre estos destacan el familiar, laboral, institucional, comunitario, digital y político.

La propuesta establece que el Estado y los municipios, dentro de sus competencias, deberán expedir normas legales y adoptar medidas presupuestales y administrativas para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Esto incluye acciones reforzadas de protección.

Según el texto de la iniciativa, la violencia contra las mujeres es una manifestación estructural de desigualdad histórica que se expresa de manera diferenciada según las condiciones particulares de cada mujer. Se adopta un enfoque interseccional que reconoce que factores como la edad, pertenencia indígena, discapacidad, condición socioeconómica, orientación sexual, identidad de género, situación migratoria o contexto rural o urbano pueden agravar los riesgos y profundizar las formas de violencia.

“Desde esta perspectiva, el singular resulta conceptualmente insuficiente. La violencia no se manifiesta de una sola manera, sino a través de múltiples expresiones que pueden coexistir y reforzarse entre sí”, señala la iniciativa.

Actualmente, el orden jurídico reconoce diversas manifestaciones como violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. También incluye modalidades específicas como la violencia política en razón de género, violencia digital, mediática, institucional, obstétrica y vicaria, entre otras. Cada una impacta de manera distinta la autonomía, dignidad y ejercicio de derechos de las mujeres.

La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado.