Secretaría Anticorrupción sanciona a proveedora con multa e inhabilitación por información falsa en contrato del IMSS

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó este martes la imposición de una sanción administrativa a la ciudadana Belén Olvera Jiménez, consistente en una multa económica y una inhabilitación para contratar con el gobierno federal. La medida fue notificada el 9 de marzo y publicada este 18 de marzo en el Diario Oficial de la Federación.

La sanción, emitida a través del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), incluye una multa por 808 mil 248 pesos y una inhabilitación por un año y seis meses. Durante este periodo, Olvera Jiménez no podrá participar, directa o indirectamente, en procedimientos de contratación ni celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

De acuerdo con el comunicado oficial número 027, la sanción se impuso porque la proveedora proporcionó información falsa durante la vigencia del pedido identificado como D2P0245. Este pedido fue celebrado el 25 de febrero de 2022 y derivó de un procedimiento de Adjudicación Directa Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, con número AA-050GYR024-E63-2022, destinado a la adquisición de medicamentos.

La falta específica consistió en presentar cuatro certificados de análisis de producto terminado que contenían información falsa. Como consecuencia adicional a la multa e inhabilitación, Belén Olvera Jiménez fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, registro que impide formalmente su participación en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

La Secretaría Anticorrupción señaló que las medidas se emitieron conforme a la ley aplicable, considerando los criterios de proporcionalidad y la gravedad de la falta cometida. El organismo también indicó que la persona sancionada tiene derecho a impugnar la resolución mediante los medios legales establecidos.

En caso de que se presente un recurso de impugnación, la dependencia afirmó que defenderá la sanción impuesta, argumentando que fue aplicada con apego al marco jurídico y en protección del interés público. La publicación oficial concluye reafirmando el compromiso institucional con la legalidad y la integridad en los procesos de compras públicas del gobierno federal.