Congreso de San Luis Potosí asumirá organización de consultas judiciales sin apoyo del órgano electoral

El Congreso del Estado de San Luis Potosí organizará directamente las consultas ciudadanas ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras la negativa del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) a coadyuvar en el proceso. El diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política, confirmó que el protocolo operativo estará listo en abril, con un presupuesto estimado similar al ejercicio anterior, que ascendió a nueve millones de pesos.

La decisión legislativa se produce después de que una reunión entre diputados, incluida la presidenta de la Directiva, Sara Rocha, y personal jurídico con representantes de la SCJN, definiera los lineamientos para cumplir con el mandato judicial. Serrano Cortés reconoció el papel facilitador de la Corte y explicó que se agotó la vía de colaboración con el CEEPAC, órgano que, a su juicio, podría garantizar un proceso equilibrado y equitativo.

El legislador detalló que la SCJN estableció un plazo para formalizar el protocolo y construir una estructura operativa y técnica. “A principios de abril tendremos ese protocolo; las preguntas, los lineamientos y una reunión previa con la Corte para que no haya una impugnación como consecuencia de no tener claridad respecto a la formalidad”, afirmó. El objetivo es evitar recursos legales por deficiencias en el procedimiento.

Respecto al financiamiento, Serrano Cortés indicó que se maneja una base presupuestal similar a la anterior, tras dialogar con la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo. Subrayó que se trata de un gasto impostergable, luego de descartar otras opciones como el apoyo logístico del CEEPAC. “Este ejercicio lo puede hacer el Congreso del Estado, solo tratamos de lograr el menor costo”, añadió.

El proceso incluirá dos consultas separadas: una sobre discapacidad, considerada más sencilla y que se realizará primero, y otra sobre la Ley Indígena, cuya complejidad requiere mecanismos específicos establecidos en la legislación correspondiente. La consulta previa ya se llevó a cabo con el costo mencionado, pero la instrucción judicial exige repetirla bajo nuevos parámetros.

La autonomía del Congreso en la organización marca un precedente en la ejecución de mandatos judiciales de participación ciudadana en el estado, al asumir funciones típicamente delegadas en órganos electorales especializados.