Congreso de San Luis Potosí aprueba reforma para capacitar a MIPYMES en detección de moneda falsa

El Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó reformas a la Ley Para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales para prevenir y mitigar los impactos económicos derivados de la circulación de billetes y monedas presuntamente falsos. La modificación legal otorga nuevas atribuciones a la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) para establecer una política pública permanente y coordinada en esta materia.

El diputado Luis Emilio Rosas Montiel, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, expuso que la iniciativa, propuesta por el diputado Roberto García Castillo, busca proteger la actividad económica local y dotar de herramientas a los sectores productivos para enfrentar nuevas modalidades de fraude monetario. El legislador destacó la importancia de proteger especialmente a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), consideradas el motor económico del estado.

“Recibir un billete falso puede representar perder el ingreso de un día de trabajo”, señaló Rosas Montiel durante la exposición del dictamen. El decreto aprobado tiene como propósito fundamental establecer mecanismos para prevenir, mitigar y reducir los impactos económicos derivados de este tipo de fraudes, mediante una política pública permanente y coordinada.

El diputado explicó que, con las innovaciones tecnológicas, la falsificación de billetes se ha vuelto más común, lo que hace necesaria una respuesta institucional. Como parte de los esfuerzos previos, ya se han realizado pláticas informativas con cámaras empresariales en Matehuala, San Luis Potosí capital y Ciudad Valles sobre este tema.

La reforma legislativa permitirá que la SEDECO implemente programas de capacitación dirigidos específicamente a micro y pequeños empresarios, brindándoles conocimientos prácticos para la detección de billetes y monedas falsos. Esta medida busca no solo prevenir fraudes individuales, sino también proteger la economía local en su conjunto, evitando afectaciones económicas directas a los sectores productivos más vulnerables.