Congreso de San Luis Potosí aprueba reforma para priorizar a proveedores locales en compras públicas

El Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una reforma a la Ley de Adquisiciones que establece la obligación de las instituciones públicas de preferir, en igualdad de condiciones técnicas y económicas, a proveedores locales, incluidas las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). El dictamen fue presentado por la Comisión de Hacienda del Estado.

El diputado Luis Emilio Rosas Montiel, impulsor de la iniciativa, expuso que el objetivo es fortalecer las marcas locales, promover el consumo de empresas potosinas e incrementar la participación de las MIPYMES en los procesos de licitación pública. La reforma aplica para adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el gobierno estatal.

El texto legal señala que esta preferencia tiene el propósito de alentar, proteger y fortalecer la industria, el comercio y el desarrollo económico de San Luis Potosí. Se fundamenta en el reconocimiento de que las MIPYMES constituyen un sector clave en la economía, al ser responsables de una parte significativa de la generación de empleo y de la dinamización del mercado.

Rosas Montiel destacó que estas empresas son importantes contribuyentes al fisco y al Producto Interno Bruto (PIB) nacional. “Resulta indispensable impulsar medidas, programas y propuestas encaminados a fortalecerlas y expandirlas”, afirmó el legislador.

Como parte de las estrategias para apoyar al sector, mencionó que la Secretaría de Desarrollo Económico estatal creó un directorio de proveedores locales. Esta herramienta busca acercar a las MIPYMES a las cadenas de suministro de empresas más grandes, facilitándoles el acceso a mercados más amplios.

Con la aprobación del dictamen, se espera que la contratación pública sirva como un incentivo para el crecimiento de estas empresas, contribuyendo así al desarrollo económico tanto de San Luis Potosí como del país. La reforma enfatiza que la preferencia por lo local se aplicará siempre y cuando se garantice la obtención de las mejores condiciones técnicas y económicas para el erario.