Proponen tipificar como delito el embarazo infantil provocado por adultos en San Luis Potosí

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de tipificar como delito el embarazo infantil causado por una persona mayor de edad en menores de 14 años. La propuesta plantea que este delito se persiga de oficio, sin importar si existió consentimiento por parte de la menor.

La iniciativa busca incorporar el delito de ‘abuso sexual por embarazo infantil’ en el capítulo III del código penal, que pasaría a denominarse ‘Del Embarazo Infantil y el Estupro’. Se establece que comete este delito quien, siendo mayor de edad, provoque el embarazo de una persona menor de catorce años.

Las sanciones propuestas incluyen una pena de ocho a quince años de prisión y una sanción pecuniaria de quinientas a mil días del valor de la unidad de medida y actualización. Además, contempla la pérdida de la patria potestad, tutela o cualquier derecho familiar respecto del producto del embarazo, y la obligación de reparación integral del daño. Esta reparación incluiría, como mínimo, gastos médicos, psicológicos y de atención especializada para la menor.

La propuesta también prevé el incremento de estas penas en casos específicos. Estos incluyen cuando la víctima se encuentre en situación de especial vulnerabilidad; cuando se utilicen datos personales sensibles obtenidos o difundidos dolosamente para facilitar la aproximación a la víctima; si el responsable es servidor público o familiar de la menor; y si el embarazo pone en riesgo la vida o la salud física o emocional de la menor. Para servidores públicos, se añadiría la destitución del cargo e inhabilitación para ejercer en el servicio público por un periodo igual al de la pena impuesta.

En su exposición de motivos, la legisladora fundamenta la iniciativa citando datos sobre abuso sexual infantil. Menciona un informe de la Organización Mundial de la Salud (2021) que estima que 120 millones de niñas menores de 20 años fueron víctimas de violencia sexual por alguien que no era su pareja. Asimismo, señala que estimaciones sugieren que en 2020, al menos uno de cada ocho niños en el mundo había sufrido abuso sexual antes de cumplir los 18 años.

La diputada argumenta que el embarazo en niñas y adolescentes es un problema multifactorial que agudiza la desigualdad y perpetúa la violencia. Destaca que este fenómeno se extiende por todo el territorio nacional, pero afecta con mayor riesgo a las niñas y adolescentes en situación de pobreza y con bajo o nulo acceso a la educación.

La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión Primera de Justicia del Congreso local, donde será discutida y evaluada antes de un posible dictamen.