Proponen reforma en San Luis Potosí para reconocer concubinato indígena y religioso sin requisitos de tiempo o formalidad
La diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza presentó una iniciativa para reformar el Código Familiar del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de reconocer jurídicamente el concubinato constituido...
La diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza presentó una iniciativa para reformar el Código Familiar del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de reconocer jurídicamente el concubinato constituido conforme a usos, costumbres, sistemas normativos indígenas o ritos religiosos, sin exigir un plazo mínimo de convivencia ni el carácter público de la unión.
La propuesta busca modificar específicamente el artículo 106 del código estatal. Su finalidad es garantizar un reconocimiento pleno, incluyente y acorde a la Constitución del concubinato, armonizando la legislación local con el principio de pluralismo jurídico y el reconocimiento constitucional de los sistemas normativos indígenas.
La legisladora explicó que la reforma fortalecería el respeto a los derechos humanos dentro de un Estado democrático y social de derecho. Se plantea que la unión surta efectos legales desde el momento mismo de su constitución, siempre que se realice bajo las tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas o mediante un rito religioso.
Jáuregui Mendoza fundamentó la iniciativa señalando que el concubinato es una forma legítima de organización familiar reconocida por la ley vigente. En ella, dos personas, sin contraer matrimonio, deciden libre y voluntariamente hacer vida en común, generando derechos y obligaciones de carácter familiar, patrimonial y alimentario.
La diputada consideró la reforma como necesaria y oportuna. Con esta modificación, afirmó, el Estado de San Luis Potosí reafirmaría su compromiso con el respeto a la diversidad cultural, la no discriminación y el acceso efectivo a los derechos familiares para todas las personas.
Además, destacó que la iniciativa reconoce la validez de las tradiciones y prácticas de los pueblos y comunidades indígenas como parte integral del orden jurídico estatal. La propuesta fue turnada a la Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado para su análisis y dictamen correspondiente.
