El Día de la Tierra no se celebra, se disputa

A unos días del Día de la Tierra, la conversación global sobre el medio ambiente vuelve a ocupar un lugar central. Gobiernos, empresas y organismos internacionales reiteran compromisos, metas y estrategias de sostenibilidad. Desde la lógica de la gobernanza global, la crisis ambiental se presenta como un desafío común que puede atenderse mediante cooperación, acuerdos multilaterales y responsabilidad compartida. Se construye así una narrativa en la que el problema parece gestionable a través de coordinación internacional y voluntad política.

Sin embargo, esa narrativa deja fuera una dimensión fundamental del problema. Según Global Witness (2023), cada año decenas de personas defensoras del medio ambiente son asesinadas en América Latina, una de las regiones más peligrosas para esta labor. En México, defender el medio ambiente sigue siendo una actividad de alto riesgo. Esta realidad no puede entenderse únicamente como una consecuencia de la degradación ecológica, sino como parte de una disputa más amplia por el control del territorio y sus recursos, donde convergen intereses económicos, dinámicas ilegales y vacíos institucionales.

Desde la economía política internacional, esta tensión resulta consistente. Los recursos naturales —bosques, agua, minerales— no solo poseen valor ambiental, sino también estratégico y económico. Su explotación genera beneficios concretos y, por tanto, incentivos para su control. En este contexto, distintos actores —desde empresas hasta redes ilícitas— compiten por el acceso y dominio de estos recursos, lo que convierte a ciertos territorios en espacios de conflicto. Así, la crisis ambiental no es únicamente el resultado de prácticas insostenibles, sino de relaciones de poder que determinan quién decide, cómo se explota y quién asume las consecuencias.

Esa disputa adquiere una dimensión tangible en contextos específicos. El 12 de abril de 2026, en Madero, Michoacán, Roberto Chávez fue atacado por hombres armados en la comunidad de El Sangarro, tras denunciar la tala ilegal en la región y señalar la operación de talamontes en su comunidad. Había advertido sobre estas actividades y, aun así, no contó con protección. Recibió disparos y murió por impactos de bala. Días después, Lázaro Mendoza, también defensor ambiental, fue asesinado en el país en circunstancias vinculadas a la defensa del territorio, en un contexto donde las denuncias no fueron suficientes para detener la violencia. Dos casos en una misma semana que evidencian no solo la vulnerabilidad de quienes confrontan estos intereses, sino el abandono de quienes deberían garantizar su seguridad.

Lejos de ser hechos aislados, estos eventos muestran los límites de la gobernanza ambiental cuando no logra traducirse en protección efectiva a nivel local. Mientras en el plano internacional se consolidan discursos de sostenibilidad, en diversos territorios persisten condiciones en las que la defensa ambiental implica riesgos significativos, lo que debilita cualquier esfuerzo global.

El problema, por tanto, no radica en la falta de conciencia, sino en la desconexión entre esa agenda global y las realidades locales. Se promueven compromisos ambientales, pero no siempre se transforman las estructuras que permiten la explotación y la violencia, ni se garantiza la seguridad de quienes defienden el territorio.

La crisis ambiental no es sólo ecológica: es política. Una pregunta sobre quién decide qué se explota, quién se beneficia y quién paga el costo. Y mientras esa parte siga fuera de la conversación, cualquier esfuerzo global será incompleto. Porque cuidar la Tierra no siempre es una acción simbólica. A veces es una amenaza. Y en ese contexto, el Día de la Tierra no se celebra. Se disputa.

Ingrid Trejo Juárez Colaboradora de Integridad Ciudadana, estudiante de Relaciones Internacionales por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. @ingriddtrejoo @Integridad\_AC