Reforman Código Familiar en SLP para ampliar derecho a pensión alimenticia hasta los 22 años

Las comisiones unidas de Primera y Segunda de Justicia del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobaron reformas al Código Familiar para garantizar el derecho a reclamar alimentos desde el nacimiento hasta los 18 años, y hasta cuatro años más si la persona continúa estudiando o se encuentra en condición de vulnerabilidad.

La iniciativa, que reforma el artículo 164 del Código Familiar, establece que el derecho a recibir alimentos es imprescriptible durante la minoría de edad y se extiende hasta los 22 años en casos de estudios o discapacidad. La diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia, explicó que la reforma asegura que el derecho no prescriba durante ese periodo, protegiendo a quienes no pueden mantenerse por sí mismos.

Por su parte, la diputada Jessica Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, señaló que condicionar el reclamo de alimentos retroactivos a la minoría de edad vulneraría el principio de igualdad y no discriminación. Subrayó que no existe justificación para excluir a personas mayores de edad de recibir pagos que sus progenitores no realizaron cuando eran menores, ya que se trata de una protección reforzada del interés superior del menor proyectada hacia el pasado.

La reforma precisa que los alimentos generados durante la minoría de edad son imprescriptibles, mientras que aquellos surgidos en la vida adulta del acreedor alimentario sí son susceptibles de prescripción, con un plazo de cuatro años para ejercer la acción. Este mismo plazo se aplica a los alimentos retroactivos durante la mayoría de edad, conforme al título octavo del Código Familiar.

Además, el dictamen establece que es imprescriptible el derecho a recibir alimentos para personas declaradas en estado de interdicción o con discapacidad total que les impida trabajar por el resto de su vida. La diputada López Torres destacó que esto amplía los derechos de las personas más vulnerables, eliminando interpretaciones restrictivas en litigios.

El dictamen será sometido al Pleno del Congreso para su análisis y aprobación final.