Del agua y otras perversiones
El agua no se agota sola, la agotamos nosotros. Y mientras debaten si es un derecho o un recurso; en algún lugar de México alguien camina kilómetros por agua, un río recibe residuos, una reserva...
El agua no se agota sola, la agotamos nosotros. Y mientras debaten si es un derecho o un recurso; en algún lugar de México alguien camina kilómetros por agua, un río recibe residuos, una reserva natural es destrozada. Eso está pasando, y merece un nombre: perversión.
Primera perversión, creer que legislar es lo mismo que resolver.
Hablemos con claridad, la ley existe (nuestra presidenta demostró que cuando hay voluntad los cambios se pueden), el problema es lo que hacemos con ella.
En diciembre de 2025, se publicó la nueva Ley General de Aguas que busca terminar con los privilegios en la transmisión de derechos, lo que ha permitido redistribuir el acceso en favor de pequeños productores y gobiernos municipales.
Conagua reporta más de 7,000 inspecciones, más de 1,000 clausuras por uso ilegal, y un adeudo presuntivo cercano a los 12 billones de pesos entre empresas y particulares por derechos de agua no pagados. Son números que impresionan, pero los números no toman agua. Las personas sí.
Y mientras el gobierno ejecuta inspecciones a nivel nacional, hay lugares donde los ciudadanos se manifiestan por falta de agua.
No marchan contra una ley, marchan contra años de promesas incumplidas que ninguna ley ha podido remediar por sí sola.
Segunda perversión, el agua como botín.
Durante décadas, el agua en México operó bajo una lógica inaceptable: las concesiones agrícolas terminaban en usos industriales, inmobiliarios o de servicios, creando un “mercado negro del agua” con grandes ganancias.
No fue un accidente. Fue un sistema. Un sistema que permitió que quienes recibían agua pública gratuita para sembrar la vendieran mientras las comunidades esperaban una pipa que llegaba dos veces por semana.
El Observatorio de Conflictos Socioambientales de la IBERO ha detectado 51 conflictos hídricos en México que necesitan atención urgente. No son estadísticas, son territorios donde el agua se convirtió en arena de disputa entre el poder y la sed.
Tercera perversión, pensar en lo inmediato y no en el futuro.
Tehuacán es su capítulo más revelador, la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán es Patrimonio de la Humanidad, alberga una de las concentraciones de cactáceas más diversas del planeta, es zona de recarga hídrica fundamental para todo el Valle.
Justo en esta zona, la Profepa clausuró obras ilegales de lotificación para viviendas donde se afectaron 44.9 hectáreas, todo sin autorización o estudios previos.
Las autoridades señalaron que estas acciones generan pérdida de vegetación nativa, fragmentan ecosistemas, alteran el equilibrio ambiental, disminuyen la infiltración de agua y favorecen la erosión del suelo.
Es ahí donde radica la maldad, dañar la fuente para obtener ganancias inmediatas sin pensar en las futuras generaciones.
Cuarta perversión, cuando las comunidades hacen lo que el Estado no hace.
Frente a este panorama, la respuesta más esperanzadora no ha venido de los gobiernos, viene de las comunidades.
En Veracruz, comunidades de 27 municipios realizaron durante un año un monitoreo del río La Antigua y encontraron que el 100% de los sitios analizados presentaban niveles de Escherichia coli (bacteria fecal) por encima de los límites permitidos.
¿Qué hicieron los ciudadanos? Con esa evidencia, promovieron un amparo y lograron que una jueza federal ordenara a la Conagua y a 12 ayuntamientos implementar acciones para reducir la contaminación.
No esperaron al gobierno. Midieron, documentaron, litigaron y ganaron.
Quinta perversión, necesitamos una nueva cultura.
La nueva Ley General de Aguas es un avance, lo digo sin reservas (gracias Presidenta). Pero una ley que no se conoce no se aplica, una ley que se aplica solo en los grandes casos nacionales, pero no llega a las comunidades más alejadas; es una ley incompleta en su implementación.
El agua tiene hoy connotaciones influidas por las divisiones partidistas y las disparidades geográficas en el territorio nacional. Para muchas personas, el derecho al agua se queda solo en la parte discursiva, en donde lograr su goce pleno se aprecia para un sector privilegiado.
Cambiar eso requiere más que decretos. Requiere presencia territorial, educación, transparencia en el gasto hídrico municipal y voluntad política real para anteponer el bien común a los intereses que siempre encuentran la manera de adaptarse a las nuevas reglas.
El agua no entiende de periodos de gobierno ni de calendarios electorales. Se agota a su propio ritmo, implacable e indiferente a nuestras promesas. Y el tiempo para actuar con seriedad sobre el agua en México es ahora.
La ley general ya existe, las comunidades se están organizando, los datos ya están sobre la mesa; lo que necesitamos es traducir todo en acciones concretas, sostenidas y sin perversiones.
Ernesto Cruz Flores. Abogado por la UDLAP, Maestro en Derecho por la UNAM, Especialista por la Escuela Judicial de la Federación. Colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @Integridad_AC
