“El poder sin brújula: entre incongruencias y distractores”

Sinceramente, no sé qué está ocurriendo en el gobierno de México. Esta semana dejó una serie de hechos que lejos de fortalecer la confianza ciudadana en la conducción del país, generan preocupación por la forma en que se están tomando decisiones desde el poder, sin claridad sobre cuáles son las prioridades.

En quinto lugar, aparece una práctica tan antigua como la política misma: el pan y circo, que describía Juvenal en sus Sátiras, donde el entretenimiento funciona como distracción frente a los problemas estructurales del país.

Esto se hizo evidente el miércoles 6, cuando la Presidenta presentó a BTS en Palacio Nacional frente a miles de jóvenes. Lo que obliga a cuestionarnos cuál es la verdadera jerarquía de prioridades para el gobierno.

Y quiero ser claro, no se trata de cuestionar la cultura o los eventos masivos en sí, sino el uso del tiempo político y simbólico del Estado. Mientras estos actos ocupan la narrativa pública, la violencia en distintas regiones del país, la tensión con Estados Unidos en materia de seguridad y narcotráfico, y la presión económica cotidiana de las familias, sigue sin ocupar el mismo nivel de prioridad en la comunicación oficial.

El problema no es el evento sino el contraste de prioridades. En cuarto lugar; tenemos las contradicciones entre la austeridad y los presupuestos para los megaproyectos.

Reitero: el punto no es debatir si estos proyectos deben de existir o no, sino la incongruencia entre el discurso de contención del gasto y la realidad del ejercicio presupuestal Esta tensión termina impactando las finanzas públicas y alimentando la percepción de que la austeridad es selectiva o discursiva más que operativa.

Los megaproyectos que actualmente administra la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, bien podrían pasar a un esquema público–privado, donde el riesgo también sea asumido por inversionistas, en vez de seguir lacerando el presupuesto público.

En tercer lugar; los mensajes contradictorios, algo que no solo habla mal de las personas que participan, sino también de las instituciones, pues la coordinación entre las dependencias del Estado es clave para el desarrollo correcto de la administración pública.

El escuchar a cualquier Secretario, dar un mensaje que afecta a la población en general y luego en la mañanera ver a la Presidenta corregir la plana, erosiona la credibilidad de las decisiones públicas.

En segundo lugar; el cambio y posterior rectificación del calendario escolar ante la proximidad del Mundial del 2026 así como la introducción de criterios de flexibilidad regional. Aunque posteriormente se haya matizado, el mensaje inicial deja una percepción difícil de ignorar: decisiones estructurales del sistema educativo pueden modificarse en función de coyunturas externas, presiones logísticas o eventos de alcance internacional.

El problema no es la adaptación en sí, sino la señal institucional que se envía cuando la planeación educativa parece subordinada a circunstancias externas.

Es importante subrayar que el problema es añejo y tiene varios sexenios, mas no existía ignorancia sobre el tema ya que desde su campaña del 2018, el expresidente de la República López Obrador, afirmaba que el sistema educativo público estaba sumido en el abandono y el deterioro, lo cual no ha cambiado. Si se revisa el diagnóstico del CONEVAL del 2024, elaborado con datos del ciclo escolar 2022-2023, que señala entre otros datos que casi una cuarta parte de las escuelas públicas no tienen agua potable (24.3%) y que una de cada 5 carece de lavamanos (20%).

Y en primerísimo lugar, tenemos las incongruencias de la Corte y sus ministros electos, donde la ministra del pueblo Lenia Batres argumentó ante el Pleno, que la excelencia académica no se agota en registro de asistencias o acreditación de asignaturas mediante mediciones numéricas cuantitativas; esa perspectiva para la Ministra Batres resulta reduccionista frente a los factores que inciden en la formación de más de 23 millones de estudiantes.

Avalando el acuerdo de la Secretaría de Educación Pública para eliminar el requisito mínimo de asistencia y permitir a los alumnos de Secundaria avanzar de grado con hasta cuatro materias reprobadas; lo cual representa un riesgo de deterioro en la exigencia académica de la educación quitándole a los jóvenes la oportunidad de obtener una preparación que les permita enfrentar la vida diaria en el futuro.

En conjunto, estas cinco incongruencias no son un hecho aislado. Forman parte de un mismo patrón que hemos venido mostrando: La distancia creciente que existe entre el discurso público, la planeación institucional y la ejecución de decisiones del gobierno.

Entendamos, cuando esta distancia se vuelve constante, el problema deja de ser una decisión individual y pasa a ser la falta de coherencia en la conducción del Estado; haciendo urgente una activación ciudadana; que incida y cree contrapesos para retomar el rumbo e impulsar el desarrollo de México.

Javier Agustín Contreras Rosales. Colaborador de Integridad Ciudadana AC, Contador Público, Especialista en Instituciones Administrativas de Finanzas Publicas, Maestro en Administración Pública @JavierAgustinCo @Integridad_AC