Aprueban reformas contra discriminación laboral en el Congreso del Estado

El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado, con el objetivo de obligar a autoridades estatales y municipales a implementar protocolos, capacitación y mecanismos de atención que prevengan y sancionen la discriminación, el acoso y el hostigamiento laboral, con especial protección para grupos en situación de vulnerabilidad.

La propuesta, presentada por la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, fue aprobada por el Pleno del Congreso del Estado y modifica el artículo 10 de la ley mencionada. Con esta reforma, se establece que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, deberán llevar a cabo acciones laborales para garantizar condiciones de trabajo que prevengan, atiendan, sancionen y erradiquen cualquier tipo de discriminación, con especial énfasis en personas pertenecientes a grupos vulnerables, así como el acoso y hostigamiento de carácter sexual.

El dictamen destaca la importancia de estas acciones para la protección de los derechos humanos, señalando que en el ámbito laboral estos principios cobran una connotación especial, ya que el trabajo representa un medio de subsistencia, un espacio para el desarrollo personal, un medio de integración social y un proceso de desarrollo de la dignidad humana.

A pesar de los cambios legislativos en las últimas décadas, el documento reconoce que la discriminación y la violencia en el trabajo son realidades presentes que afectan de manera desigual a diferentes sectores de la población. Según organismos globales, la violencia en los entornos laborales afecta a cerca del 23 por ciento de las personas trabajadoras a nivel mundial. Aunque tanto hombres como mujeres se ven afectados, se subraya que las mujeres resultan perjudicadas en mayor proporción debido a factores socioculturales que favorecen la violencia laboral.

Asimismo, se indica que las mujeres, las personas indígenas, las personas migrantes, quienes viven con alguna discapacidad y las personas trabajadoras del campo suelen encontrarse en escenarios donde la desigualdad estructural facilita prácticas discriminatorias que a menudo se normalizan en las relaciones laborales.

La legisladora señaló que la reforma busca establecer acciones para atender esta problemática en términos sociales y responder con medidas efectivas contra la discriminación.