Diputada propone reformar Ley de Seguridad Escolar en SLP para atender ciberacoso y violencia digital

La diputada María Antonia Castro Castañeda presentó una iniciativa para reformar la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de actualizar el marco normativo y ampliar las atribuciones de la Secretaría de Seguridad ante fenómenos emergentes como el ciberacoso, la violencia digital y las adicciones.

La legisladora explicó que en los últimos años, las comunidades educativas han enfrentado una transformación significativa en sus condiciones de seguridad, derivada no solo de riesgos tradicionales como la violencia o la delincuencia, sino también de fenómenos emergentes como la violencia digital, el ciberacoso, el acceso no regulado a contenidos nocivos en entornos virtuales, y el incremento de problemáticas relacionadas con adicciones y conflictos interpersonales dentro y fuera de los planteles escolares.

Ante este escenario, la iniciativa propone que la actuación de las instituciones responsables de la seguridad pública no se limite a esquemas reactivos o de intervención puntual, sino que transite hacia modelos integrales de prevención, coordinación interinstitucional y construcción de paz en el ámbito escolar, con la participación activa de todos los sectores involucrados.

La propuesta busca ampliar y actualizar las facultades de la Secretaría de Seguridad para que pueda celebrar convenios de colaboración no solo con dependencias gubernamentales y municipios, sino también con la sociedad civil, colectivos de madres y padres de familia y el sector privado, reconociendo que la seguridad escolar es una responsabilidad compartida.

Además, se fortalece la intervención de la Secretaría en los procesos de revisión previstos en la ley, incorporando funciones de supervisión y asesoría, así como el diseño e implementación de protocolos de actuación, mecanismos de mediación y resolución pacífica de conflictos, privilegiando el respeto a los derechos humanos, la perspectiva de género y el interés superior de la niñez y la adolescencia.

La iniciativa también contempla la obligación de implementar programas permanentes de capacitación y sensibilización dirigidos a docentes, estudiantes y personal administrativo, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos, fomentar el uso responsable de las tecnologías de la información, e identificar oportunamente situaciones de adicción y distintos tipos de violencia que puedan afectar el desarrollo integral de la comunidad escolar.

La propuesta de la diputada María Antonia Castro fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su estudio y dictamen.