Diputada propone protocolo estatal contra violencia obstétrica en San Luis Potosí

La diputada Frinné Azuara Yarzábal presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de incorporar la obligación de crear un protocolo estatal de prevención y atención de la violencia obstétrica. La propuesta también establece requisitos para el consentimiento informado en la atención obstétrica, incluyendo la obligación de proporcionarlo en lengua materna cuando sea necesario.

La iniciativa reconoce expresamente los derechos de las pacientes a tener un acompañante de su elección, al apego inmediato del recién nacido y al acceso al expediente clínico. La legisladora destacó que este tema es relevante para San Luis Potosí como una obligación del Estado Mexicano, y señaló que 28 de las 32 entidades del país ya cuentan con esta regulación.

La violencia obstétrica es una forma específica y sistemática de violencia de género que se ejerce contra las mujeres y personas con capacidad de gestar durante el embarazo, parto, posparto y aborto. Constituye una violación a derechos humanos fundamentales como la salud, la integridad personal, la autonomía reproductiva, el trato digno y el libre consentimiento informado.

A nivel nacional, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 reporta que el 33.4% de las mujeres que tuvieron un parto entre 2016 y 2021 vivieron algún tipo de violencia obstétrica. Las formas más comunes incluyen trato humillante o regaños, negación o retraso de atención, procedimientos sin consentimiento informado, impedimento de acompañamiento y cesáreas no justificadas.

En San Luis Potosí, la incidencia se ubica por encima del promedio nacional, alcanzando entre el 34% y el 38%, con mayor afectación en mujeres indígenas y rurales. Estos datos evidencian la urgencia de incorporar esta modalidad de violencia en la ley estatal para garantizar una atención digna, respetuosa y con pertinencia cultural.

La iniciativa propone fortalecer y precisar los mecanismos de atención previstos en la legislación local para asegurar una protección efectiva y actualizada. Se establecen obligaciones de protocolo y mecanismos de denuncia que se inscriben en las estructuras institucionales existentes, como la Secretaría de Salud del Estado, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva, sin crear nuevas entidades ni programas que impliquen gasto adicional.

La iniciativa de la diputada Frinné Azuara fue turnada para su análisis y dictamen a las comisiones de Igualdad de Género y Salud y Asistencia Social.