Diputado propone blindar presupuesto para educación superior en San Luis Potosí
El Congreso del Estado de San Luis Potosí analiza una iniciativa que busca garantizar que el financiamiento anual para la educación pública superior no sea inferior, en términos reales, al aprobado...
El Congreso del Estado de San Luis Potosí analiza una iniciativa que busca garantizar que el financiamiento anual para la educación pública superior no sea inferior, en términos reales, al aprobado en el ejercicio fiscal anterior. La propuesta, presentada por el diputado José Roberto García Castillo, pretende fortalecer la planeación y el acceso a este derecho mediante reformas a la Constitución Política del Estado y a la Ley de Educación local.
La iniciativa establece que el monto destinado a la educación superior no podrá ser menor, en términos reales, al aprobado en el año inmediato anterior, en concordancia con las disposiciones aplicables y en concurrencia con la Federación. El objetivo es fortalecer de manera estructural y permanente el derecho a la educación superior en la entidad, mediante una reforma integral, armónica y progresiva que impacte tanto en la Constitución local como en la legislación secundaria.
En su exposición de motivos, el diputado García Castillo señaló que la reforma no solo refuerza el blindaje presupuestal, sino que contribuye a una mejor planeación financiera del sistema de educación superior, brindando certeza a las instituciones, a la comunidad académica y a los estudiantes, sin afectar la autonomía universitaria ni las facultades del Ejecutivo en materia de elaboración presupuestal.
El legislador aclaró que el blindaje propuesto no elimina la facultad del Ejecutivo para formular el presupuesto ni impone asignaciones rígidas, sino que establece un piso mínimo de protección, coherente con el principio de progresividad y con la naturaleza estratégica de la educación superior. Con esta iniciativa, aseguró, San Luis Potosí puede refrendar su compromiso con la educación pública superior como motor de desarrollo, justicia social y movilidad intergeneracional.
La propuesta fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y Hacienda del Estado para su estudio y dictamen.
