San Luis Potosí: municipios deberán reservar espacios para parques industriales

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para que los ayuntamientos identifiquen y destinen reservas territoriales específicas para el establecimiento de parques o zonas industriales. La iniciativa, presentada por el diputado Luis Fernando Gámez, busca atraer inversiones, generar empleos y promover un desarrollo económico equilibrado en las cuatro regiones de la entidad.

La reforma establece como obligación de los municipios identificar, delimitar y destinar reservas territoriales para uso industrial, con el objetivo de contar con suelo preparado y regulado que facilite la llegada de nuevas empresas. Según el diputado Gámez Macías, San Luis Potosí enfrenta un momento clave para fortalecer su desarrollo económico debido a la relocalización industrial, la reorganización de cadenas de suministro y el dinamismo del mercado interno, factores que atraen inversiones y amplían la actividad productiva en todo el estado.

Sin embargo, una cantidad importante de municipios potosinos aún carecen de reservas territoriales adecuadamente planificadas para uso industrial, lo que limita su capacidad para recibir nuevas empresas y competir por proyectos productivos. La modificación legislativa busca corregir esta situación al dotar a los ayuntamientos de un instrumento que les permita disponer de suelo ordenado y factible para la instalación industrial.

Las áreas destinadas a parques industriales deberán integrarse a los planes y actividades municipales de desarrollo urbano, y considerar criterios de sustentabilidad, compatibilidad de usos, conectividad, prevención de riesgos y protección de áreas naturales. La reforma reconoce la autonomía local para definir, con base en la vocación territorial y características propias de cada municipio, las zonas más adecuadas para el asentamiento industrial.

El diputado Gámez aseguró que esta propuesta contribuye a varios objetivos de la política pública estatal: distribuir los beneficios del crecimiento económico entre todas las regiones, evitando la concentración de inversiones en la zona metropolitana; fortalecer el papel de las cabeceras de distrito como centros de actividad económica y logística; promover condiciones más equitativas entre municipios al ofrecerles herramientas para contar con suelo ordenado; y mejorar la coordinación entre la planeación urbana y la económica, favoreciendo un desarrollo más equilibrado y sostenible.