Autoridades federales y estatales firman convenio para frenar deforestación en la Selva Maya de Quintana Roo
-La Gobernadora destacó que el convenio permitirá el intercambio de información y la implementación de acciones conjuntas para la protección de los núcleos agr…
En un esfuerzo por contener la pérdida de cobertura forestal en la península de Yucatán, autoridades agrarias y ambientales firmaron un convenio de colaboración en Bacalar, Quintana Roo. El acuerdo busca coordinar acciones para proteger los núcleos agrarios, que representan el 84.3% de la superficie estatal, frente al desmonte ilegal y la remoción de vegetación.
La gobernadora Mara Lezama Espinosa fungió como testigo de honor en la firma del documento, que involucra a la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Durante el evento, Lezama alertó sobre una significativa pérdida de selva en los últimos 15 años, concentrada principalmente en municipios como Bacalar, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, que acumulan cerca del 80% de la deforestación en ese periodo.
La mandataria estatal destacó que Quintana Roo alberga una de las biodiversidades más importantes de México, base de actividades económicas que sostienen a miles de familias. Sin embargo, subrayó que estos recursos se encuentran en ecosistemas frágiles, por lo que su aprovechamiento debe realizarse con responsabilidad para no comprometer el futuro de las próximas generaciones.
Mariana Boy Tamborrell, titular de la PROFEPA, explicó que el objetivo central del convenio es frenar el desmonte ilegal en la Selva Maya, el segundo macizo forestal más importante del mundo después de la Amazonia. Señaló que la deforestación en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo ya es motivo de preocupación y que se promoverán esquemas para un aprovechamiento sustentable.
Por parte del Registro Agrario Nacional, su titular Luis Cruz Nieva afirmó que el acuerdo permitirá compartir información y capacidades para trabajar de forma conjunta en la protección de los núcleos agrarios con acciones concretas. "Estamos comprometidos a hacer las cosas distintas", declaró.
Víctor Juárez Carrera, Procurador Agrario, precisó que este mecanismo busca acabar con vacíos legales o falta de información para poner fin a la deforestación y al acaparamiento de tierras de propiedad social en la península. En esta región, el 53% de la propiedad es de ejidos y comunidades; en Quintana Roo específicamente, el porcentaje asciende al 84.3%.
La subsecretaria de Ordenamiento Agrario e Inventarios de la SEDATU, Griselda Martínez Vázquez, destacó la importancia fundamental del tema ambiental y señaló que cuidar la tierra significa fortalecer a los ejidos y comunidades. Al evento asistieron también el presidente municipal de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez, autoridades ejidales y representantes del Tribunal Unitario Agrario.
