Olimpia Coral Melo advierte rezagos en justicia por violencia digital en San Luis Potosí

La activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia, señaló la urgencia de fortalecer el sistema probatorio y exigir responsabilidad a plataformas digitales para combatir la impunidad en casos de violencia digital contra mujeres en San Luis Potosí. Durante una conferencia de prensa previa a impartir la plática “Prevención y Atención de la Violencia Digital e implementación de la Ley Olimpia”, Melo expuso que numerosas denuncias no avanzan por dificultades en la recolección de pruebas y falta de colaboración de las empresas tecnológicas.

Melo hizo un llamado al Congreso del Estado para generar un dictamen favorable que mejore el acceso a la justicia, destacando que de poco sirve tener leyes actualizadas si los entes de procuración no cuentan con un sistema probatorio eficiente. “Una de las cosas que merman el acceso a la justicia a las mujeres en materia de violencia digital es el sistema probatorio”, afirmó.

La activista reveló datos alarmantes sobre la situación local: en San Luis Potosí existen al menos 200 mercados digitales de explotación sexual donde se intercambian, distribuyen y comercializan fotografías, videos y audios reales o alterados sin consentimiento. Nueve de cada diez víctimas en estos espacios son mujeres, y el 84.2% de las agresiones son perpetradas por hombres.

Uno de los principales obstáculos identificados es la dependencia de pruebas forenses digitales que requieren colaboración de plataformas. “El 70 por ciento de víctimas que han denunciado y que no tienen las pruebas suficientes para llevar a cabo sus vinculaciones a proceso dependen de la prueba forense digital que, a su vez, depende de la empresa digital, que no está obligada en nuestro país a coadyuvar”, explicó Melo.

Desde la organización Defensoras Digitales, se informó que el 80% de los casos de violencia sexual digital afecta a mujeres entre 14 y 25 años, con una tendencia creciente en edades cada vez más tempranas. El 72% de estas agresiones se cometen contra mujeres universitarias. Una modalidad frecuente es la producción no consentida de material íntimo, que incluye desde la difusión por exparejas hasta grabaciones con cámaras escondidas en baños públicos o bajo faldas.

Melo enfatizó que armonizar la ley es solo el primer paso, pero resulta insuficiente sin exigir responsabilidades jurídicas y económicas a las empresas dueñas de plataformas digitales. Agradeció la invitación de la diputada Roxanna Hernández para presentar propuestas legislativas y expresó su esperanza de que el Poder Legislativo local avance en reformas, especialmente para mejorar la protección de menores y reconocer integralmente la producción no consentida de contenidos íntimos, incluso aquellos generados con inteligencia artificial.