Comunicar a la defensiva

Vivimos en una época en la que las redes sociales dominan la conversación pública; sin embargo, lejos de propiciar un intercambio civilizado, han contribuido a intensificar la polarización política a nivel global. En este entorno, el debate se reduce con frecuencia a una confrontación permanente entre posturas ideológicas —izquierda y derecha— que difícilmente encuentran puntos de encuentro.

Además, no solo la ciudadanía participa en estas dinámicas: la propia clase gobernante ha incorporado activamente estos canales en su estrategia de comunicación. Casos como el de Donald Trump evidencian cómo las redes sociales pueden utilizarse tanto para emitir anuncios de alto impacto como para confrontar o incluso amenazar a adversarios políticos. De este modo, las plataformas digitales dejan de ser espacios deliberativos para convertirse en instrumentos de posicionamiento, control narrativo y movilización emocional.

En consecuencia, estos medios rara vez permiten discusiones profundas o matizadas. Por el contrario, tienden a exacerbar los ánimos y a simplificar los mensajes, lo que favorece que los gobiernos comuniquen únicamente aquello que resulta conveniente, evitando el contraste y el escrutinio.

En México, este fenómeno se puede observar con claridad en la trayectoria de Andrés Manuel López Obrador. Durante su etapa como Jefe de Gobierno, su estrategia de comunicación le permitió posicionarse como una figura cercana a la ciudadanía, capaz de confrontar al poder establecido y construir una narrativa de oposición. En ese contexto, la comunicación funcionaba como una herramienta para equilibrar asimetrías.

No obstante, este esquema se transformó significativamente tras su llegada a la presidencia en 2018. La conferencia mañanera —que en un inicio operaba como un mecanismo de defensa frente al poder establecido— evolucionó hacia una herramienta centralizada de comunicación gubernamental. En lugar de equilibrar el debate público, comenzó a reforzar una lógica unilateral, en la que desde el poder se definían agendas, se señalaban adversarios y se limitaban las posibilidades de réplica.

Este cambio ilustra un fenómeno recurrente en la comunicación política: cuando actores que antes se presentaban como opositores acceden al poder, tienden a replicar o incluso profundizar las prácticas que previamente cuestionaban. Así, el control del discurso público se convierte en un recurso estratégico para consolidar legitimidad y desactivar críticas.

Bajo esta dinámica, episodios como el escándalo de la funcionaria captada tomando el sol en Palacio Nacional adquirieron una relevancia desproporcionada. Más allá del hecho en sí, lo que evidenció fue una reacción institucional marcada por la negación, la descalificación y la falta de verificación. En este contexto, el titular del Sistema Público de Radiodifusión, Jenaro Villamil, desestimó la veracidad de la imagen atribuyéndola a inteligencia artificial, sin realizar una investigación rigurosa.

Este tipo de respuestas refleja una lógica defensiva en la comunicación gubernamental, en la que la prioridad no es esclarecer los hechos, sino proteger la narrativa oficial. Sin embargo, la situación escaló cuando la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, tuvo que reconocer públicamente la autenticidad de la imagen. Esto no solo evidenció fallas en la coordinación institucional, sino también la ausencia de protocolos eficaces para la gestión de crisis comunicacionales.

El desenlace fue aún más complejo: la renuncia de la funcionaria involucrada y una explicación oficial poco clara reforzaron la percepción de improvisación. La declaración presidencial —de que no está prohibido asolearse, pero hay que respetar el patrimonio histórico— mostró las limitaciones de un modelo que prioriza el control del mensaje sobre la transparencia.

En este sentido, resulta evidente que el actual esquema de comunicación enfrenta serios desafíos. Gobernar bajo una lógica defensiva, en la que toda crítica es interpretada como ataque, debilita la credibilidad institucional y reduce la capacidad de generar confianza. Desde la perspectiva de la comunicación política, la legitimidad no se construye únicamente mediante la repetición de mensajes favorables, sino a través de la apertura, la consistencia y la capacidad de reconocer errores.

Es importante subrayar que el respaldo electoral a un proyecto político no depende exclusivamente de su estrategia comunicativa. En el caso de Morena, el apoyo ciudadano responde más bien a factores como la percepción de cumplimiento de promesas, la comparación con alternativas políticas y la confianza generada en amplios sectores de la población. No obstante, mantener un modelo de comunicación cerrado y reactivo puede, con el tiempo, erosionar ese capital político.

Persistir en una comunicación a la defensiva implica asumir costos crecientes. En un entorno altamente mediatizado y polarizado, la capacidad de adaptación, apertura y autocrítica no solo es deseable, sino indispensable si es que se quiere conservar el poder político.

Iván Arrazola es analista político y colabora de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC