San Luis Potosí endurece penas por sumisión química en delitos de violación, abuso sexual y robo

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó reformas al Código Penal para castigar con mayor severidad los delitos de violación, abuso sexual y robo cuando sean cometidos mediante sumisión química. La iniciativa fue presentada por la diputada Dolores Robles Chairez y busca brindar herramientas legales a las autoridades para imponer sanciones agravadas en estos casos.

La sumisión química consiste en la administración de sustancias psicotrópicas a una persona sin su conocimiento, con el objetivo de modificar su estado de conciencia o anular su voluntad. En este estado, la víctima puede ser objeto de diversos delitos, aunque los más frecuentes son de índole sexual, afectando principalmente a mujeres jóvenes.

El dictamen aprobado establece que, cuando el delito sea cometido por un funcionario público que utilice los medios de su profesión, además de la pena de prisión, el sentenciado será destituido del cargo o suspendido por cinco años en el ejercicio de su profesión. También se aplicarán sanciones agravadas si el responsable es un ministro de culto religioso, instructor, mentor o persona que tenga a la víctima bajo su custodia o educación.

La reforma considera como circunstancia agravante la administración forzada u oculta de fármacos, estupefacientes, psicotrópicos o cualquier sustancia química que altere la capacidad de resistencia o discernimiento de la víctima, con la finalidad de facilitar la comisión del delito. En el caso del robo, si se utiliza sumisión química para facilitar o asegurar su consumación, la sanción se aumentará hasta en una mitad adicional a la prevista para el robo con violencia.

La diputada Robles Chairez señaló que los delitos vinculados con la sumisión química han cobrado relevancia debido al incremento de casos y su repercusión social y sanitaria. Además, destacó la complejidad para medir la incidencia real de estos delitos, ya que al no estar definidos como tal en el marco normativo estatal, no forman parte de las estadísticas criminales nacionales.

Con esta modificación al Código Penal del Estado, se busca dotar a las autoridades persecutoras y juzgadoras de una herramienta legal para imponer sanciones más severas cuando los ilícitos se ejecuten mediante sumisión química, protegiendo así a las víctimas que se encuentran incapacitadas para evitar la comisión del acto.