Diputada propone educación con cultura de paz y cero violencia escolar en San Luis Potosí

La diputada Roxanna Hernández Ramírez presentó una iniciativa para establecer la implementación obligatoria de programas integrales de formación en valores, cultura de paz, empatía y resolución pacífica de conflictos en las escuelas de San Luis Potosí, con el objetivo de prevenir y atender de manera integral la violencia escolar.

La propuesta busca adicionar los artículos 83 BIS y 115 BIS de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí. En el apartado de Cultura de la Paz, Convivencia Democrática en las Escuelas y Entornos Escolares Libres de Violencia, se establece que, cuando estudiantes incurran en actos de violencia contra personal docente o educativo, las autoridades escolares deberán aplicar medidas formativas y correctivas con enfoque educativo y restaurativo.

Además, se contempla convocar a madres, padres o tutores a participar en procesos obligatorios de orientación y acompañamiento. En caso de daños, se promoverán los mecanismos legales correspondientes para la reparación del daño, conforme a la legislación aplicable.

La iniciativa también incluye acciones específicas de prevención, detección temprana y atención de conductas de violencia escolar; capacitación continua al personal docente y directivo en el manejo de conflictos y prevención de la violencia; y el establecimiento de protocolos claros de actuación ante casos de agresión hacia cualquier integrante de la comunidad educativa, en particular hacia el personal docente.

La legisladora señaló que es indispensable consolidar acciones normativas para atender de manera integral la violencia escolar, especialmente la dirigida hacia el personal docente, directivo y administrativo, quienes desempeñan una función fundamental en la formación de las nuevas generaciones.

Indicó que el Gobierno del Estado ha reiterado su compromiso con la creación de espacios educativos seguros, inclusivos y libres de violencia, promoviendo valores como el respeto, la empatía y la sana convivencia, en coordinación con la comunidad escolar y las familias. No obstante, consideró necesario complementar las políticas públicas existentes mediante un marco jurídico más robusto que establezca obligaciones claras tanto para las autoridades escolares como para madres, padres y tutores.

La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado.