Diputada propone endurecer penas por ataques con objetos a vehículos en San Luis Potosí

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, con el objetivo de ampliar el delito contra la seguridad vial y sancionar con mayor severidad el lanzamiento de objetos peligrosos contra vehículos en circulación o detenidos.

La propuesta busca modificar el Código Penal para incorporar expresamente la utilización de objetos peligrosos por cualquier medio, incluyendo aquellos lanzados contra vehículos en circulación o en reposo, siempre que tengan la capacidad de poner en peligro la vida, la integridad física de las personas, la seguridad del tránsito o el funcionamiento de los vehículos.

La legisladora detalla en su iniciativa que en diversas ocasiones se han reportado casos recurrentes en distintas regiones del estado, en los que personas arrojan piedras, objetos metálicos u otros artefactos desde puentes peatonales, pasos elevados o zonas de escasa visibilidad hacia vehículos en circulación. Estas conductas han puesto en riesgo la vida e integridad de conductores y pasajeros, además de ocasionar accidentes, daños materiales y afectaciones a la seguridad vial.

De igual manera, se han documentado ataques dirigidos tanto a civiles como a unidades de seguridad pública y vehículos de auxilio, evidenciando la necesidad de fortalecer el marco jurídico para prevenir y sancionar este tipo de hechos con mayor severidad.

Por ello, se propone establecer que comete el delito contra la seguridad vial quien, sin causa justificada, por cualquier medio, lance, arroje, coloque o deposite, en una vía pública estatal o municipal, contra vehículos en circulación o en reposo, objetos peligrosos o cualquiera de las armas prohibidas a que se refiere la fracción II del artículo 287 del Código Penal, que por su naturaleza o fuerza del impacto tengan el fin de poner en peligro la vida, la integridad física de las personas, la seguridad del tránsito, dañar u ocasionar un mal funcionamiento de los neumáticos o cualquier parte de los vehículos de motor o vehículos impulsados exclusivamente por la fuerza humana que transitan por esas vías.

Se agrega que se entenderá por objeto peligroso cualquier cosa que, por sus características, tamaño, peso o naturaleza, tenga la capacidad de provocar daños a las personas o a los vehículos.

La iniciativa propone incrementar las penas actualmente previstas, atendiendo a la gravedad y alto riesgo social que implican estas conductas, para establecer que se sancionará con una pena de cuatro a nueve años de prisión y sanción pecuniaria de quinientos a mil días del valor de la unidad de medida y actualización, más la reparación del daño. Este delito se perseguirá por querella.

Se indica que las penas se incrementarán en dos terceras partes cuando sea cometida desde puentes peatonales, pasos a desnivel o cualquier infraestructura elevada, o cuando alguna persona servidora pública participe en la comisión del delito.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.