Financiamiento a partidos políticos

Primera parte

Isagogía

Con el fin de abonar en una de sus astillas a la iniciativa de Reforma Electoral que acaba de presentar la titular del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, ambos del ámbito federal, con lo cual se constituirá en Poder Reformador de la Constitución para tal efecto, toda vez que este proyecto conlleva modificaciones al articulado de la Constitución en esta materia, en las presentes líneas voy a retomar en su parte central y en resumen muy apretado, lo que ya propuse en un artículo que titulé “Reforma electoral y fiscalización”, publicado en la “Revista Etcétera”, el 20 de agosto de 2019. En aquel año ventilé el tema junto con otros tópicos en algunas reuniones de trabajo con las representaciones de los partidos políticos ante el INE, pero no despertó interés ni hubo eco. En esta ocasión no citaré los artículos de la normativa y menos su texto, por razones de espacio en este artículo.

En nuestro país y en muchas partes del mundo, los partidos políticos se han ganado a pulso un descrédito general. Pero considero que más que por sí mismos, la erosión que han sufrido proviene del desprestigio de los políticos, con el que, a su vez, también se han llevado entre los pies a la política, así como por los malos gobiernos, cuyos gobernantes han salido de sus filas, en cuya vorágine negativa igualmente han arrastrado a estos institutos políticos a la deshonra.

Pero asimismo lo es, que no sólo son los malos resultados que han tenido en la administración pública, sino también, en el caso de los legisladores, además del desaseo y espectáculo que protagonizan, a la par abona a esto la falta de conocimiento, experiencia, seriedad, profesionalismo y eticidad, así como la galopante corrupción imperante en el sistema político y en los gobiernos en general.

Ciertamente, no a todos los partidos políticos se les puede medir con el mismo rasero, ya que unos son más propensos al desorden y al desaseo normativo. Pero como pregona el dicho popular, “por culpa de unos, también pagan otros el pato”. Quizá por estos motivos, algunos han preferido eliminar de su nombre el vocablo “partido” para bautizarse con otro sobrenombre para tratar de borrase a sí mismos este estigma, procurándose otro apelativo más atractivo que le llegue a la gente. Pero llámense como se llamen éstos, que yo no dudaría que se ponen otro patronímico para ocultar su realidad legal, al final del día son partidos políticos.

De ahí que muchas veces otras instancias que por determinadas razones no quieren ni simpatizan con los partidos políticos, aprovechen el escenario adverso que se percibe, para constantemente estarlos golpeando y, en ocasiones, hasta magnificándolo para enrarecer más el ambiente político partidista.

Es claro que entre más reglas existen, éstas se producen en buena medida como resultado de la propensión a la corrupción o a la falta de claridad en el desarrollo de la vida pública. De ahí que se procure frenarla o por lo menos inhibirla con la continua emisión de más y más normas, como si la multiplicación de éstas o el engrosamiento de ellas fuera la solución. Pero también lo es, que entre menos apego existe de las reglas vigentes a la realidad, más posibilidades se dan para la discrecionalidad, a los excesos, a los malos manejos o a las desviaciones y, por lo mismo, a percepciones negativas.

Más bien pienso que el problema radica en la débil cultura del afecto a la norma; esto es, de la frágil cultura de respeto al Estado de Derecho. ya que en ocasiones la ley se trae de un lado para otro, y muchas veces solo se invoca para aplicarla en aquello que se tiene interés en hacerla presente y efectiva. La observancia del Estado de Derecho no es optativa, es un deber y una obligación para todos por igual: para gobernantes y para los gobernados, porque solo de esta manera es posible lograr la justicia y la armonía en la sociedad, lo cual viene a constituirse en el resorte para el bienestar y desarrollo del país.

Esta propuesta de modificación a la normatividad en materia electoral y de fiscalización, pretende contribuir a fortalecer y mejorar la presencia de los partidos políticos con piso más parejo para que caminen con paso más firme, así como a resolver algunas deficiencias que hemos notado en la normatividad vigente, que generan incumplimientos involuntarios y sanciones, a veces excesivas, para los partidos políticos y, por lo mismo, descrédito para estos institutos políticos.

Considero que se podría constituir en una oportunidad para fortalecer y mejorar nuestro sistema de fiscalización, rendición de cuentas y transparencia, dotándolo de elementos objetivos que aseguren integridad, suficiencia, veracidad, oportunidad y transparencia, como ejes rectores, que generen condiciones para contribuir al fortalecimiento, salud y dignificación del sistema de partidos políticos, así como al propio sistema electoral.

Adicionalmente, intuimos que estas mejoras normativas generarán mejores condiciones para que los partidos políticos, los precandidatos y los candidatos tengan directrices y datos más realizables para sus procesos de planeación, programación y presupuestación de los ingresos, así como del ejercicio del gasto destinado a la actividad político electoral.

Manuel Cifuentes Vargas, Doctorante en Derecho por la Facultad de Derecho. UNAM. Miembro fundador de Integridad Ciudadana, A. C.