Buscan reparación integral para víctimas de violencia íntima digital en San Luis Potosí
La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí para garantizar una reparación integral del daño a víctimas de difusión ilícita...
La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí para garantizar una reparación integral del daño a víctimas de difusión ilícita de contenido íntimo, considerando la permanencia y replicación del material en plataformas digitales.
La propuesta modifica el artículo 187 del Código Penal estatal, que actualmente tipifica como delito la transmisión, publicación o difusión de imágenes, sonidos o grabaciones de contenido sexual, obtenidas con o sin consentimiento de la víctima, sin autorización para su difusión. La pena vigente es de tres a seis años de prisión y una multa de 300 a 600 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización.
Con la reforma, se busca que la reparación del daño incluya una indemnización compensatoria que tome en cuenta la persistencia del contenido en internet. En su exposición de motivos, Sánchez de Lira señaló que la iniciativa responde a la extensión del daño moral en la esfera íntima de la víctima, reconociendo no solo la afectación emocional, sino también el daño al proyecto de vida y la naturaleza técnica del delito.
La legisladora explicó que la transición hacia un entorno digital ha modificado la naturaleza del daño, ya que, a diferencia de otros delitos, la difusión ilícita de contenido íntimo no tiene un momento de conclusión claro. Una vez que el archivo se carga en la red, puede ser replicado, almacenado y redistribuido de forma infinita, lo que genera una revictimización perpetua cada vez que el contenido reaparece en motores de búsqueda o redes sociales.
De acuerdo con los estándares de reparación integral del daño, esta debe ser adecuada, eficaz y proporcional a la gravedad de la afectación. La justicia no se alcanza solo con la prisión del agresor, sino con el restablecimiento de la paz digital de la víctima.
La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión Primera de Justicia del Congreso local.
