¿Es posible blindar las elecciones del crimen organizado?

En medio del debate que se ha intensificado a raíz del caso Rocha, han surgido múltiples cuestionamientos sobre lo que, en su momento, las autoridades electorales pudieron haber hecho para sancionar a quienes pactan con el crimen organizado y permiten que esos acuerdos incidan directamente en los resultados electorales.

El diagnóstico resulta desalentador desde cualquier perspectiva. En Sinaloa, las autoridades electorales locales desestimaron las acusaciones y, aunque reconocieron la existencia de hechos de violencia durante el proceso electoral, concluyeron que éstos no fueron determinantes para el resultado de la elección.

En el caso del Instituto Nacional Electoral, la respuesta institucional ha sido que, si bien existieron hechos de violencia, éstos no fueron denunciados formalmente. El problema, sin embargo, va más allá de la simple presentación de denuncias. La autoridad electoral enfrenta limitaciones jurídicas y operativas para intervenir en asuntos vinculados con delincuencia organizada, debido a que dichos delitos no forman parte de su ámbito directo de competencia.

En los últimos días, distintos actores políticos han aprovechado el tema para posicionar propuestas y fijar posturas. El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, exigió retirar el registro como partido político a Movimiento Regeneración Nacional. Por su parte, en Jalisco, el Partido Acción Nacional anunció la presentación de una iniciativa denominada “Ley Anti-Morenarcos”, la cual contempla medidas como exámenes de control de confianza para aspirantes a candidaturas, solicitudes de cartas de antecedentes penales y pruebas antidoping.

Más allá de la evidente intencionalidad política que acompaña a muchas de estas propuestas, la realidad es que el país no parece contar todavía con mecanismos suficientemente sólidos para enfrentar un problema que, con toda seguridad, dominará buena parte de la discusión pública una vez que inicie formalmente el proceso electoral 2026-2027. Las acusaciones de colusión con el crimen organizado probablemente formarán parte de la guerra sucia entre partidos y candidaturas. Sin embargo, en el escenario actual, la autoridad electoral carece de herramientas jurídicas claras para determinar cuándo una candidatura podría ser inhabilitada por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

El propio INE ha señalado reiteradamente que, sin pruebas contundentes, no puede iniciar investigaciones formales. Pero aun cuando existieran indicios suficientes, el problema persiste: el INE no es la instancia facultada para investigar delitos relacionados con delincuencia organizada. Esa responsabilidad corresponde a autoridades ministeriales y de procuración de justicia, lo que genera un vacío institucional en materia electoral.

Ante este panorama, algunas de las propuestas que se han planteado van desde la llamada “muerte civil”, es decir, la inhabilitación para ocupar cargos públicos de aquellas personas a quienes se les comprueben vínculos con el crimen organizado, hasta el fortalecimiento de los procesos internos de selección de candidaturas dentro de los partidos políticos. La intención sería evitar que decisiones cupulares o mecanismos poco transparentes —como ciertas encuestas— terminen facilitando el acceso al poder de personas con nexos criminales.

Asimismo, se ha propuesto fortalecer las elecciones primarias y los mecanismos de deliberación interna de los partidos, con el objetivo de generar mayores niveles de transparencia sobre quiénes aspiran a cargos públicos y cuáles son sus trayectorias políticas y patrimoniales.

Otras iniciativas incluyen la creación de la figura del “Comisionado Electoral”, cuyo objetivo sería garantizar el libre desarrollo de los procesos electorales; prevenir, investigar y combatir actos que atenten contra el voto libre, razonado e informado; así como enfrentar la injerencia del crimen organizado y el financiamiento ilícito en campañas electorales.

De igual manera, se ha planteado la creación de un “Observatorio Electoral”, un órgano adscrito al INE con autonomía técnica y operativa, encargado de desarrollar sistemas de monitoreo e investigación que permitan identificar riesgos y amenazas que potencialmente afecten los procesos electorales, actuando tanto de oficio como a petición de parte.

No obstante, el principal obstáculo parece encontrarse en el propio marco jurídico mexicano. En un sistema democrático y garantista, las sospechas no bastan para retirar una candidatura. La información periodística, los rumores o incluso ciertos indicios resultan insuficientes para limitar derechos político-electorales. Además, cualquier persona afectada podría impugnar judicialmente una eventual negativa de registro bajo el argumento de presunción de inocencia y protección de sus derechos políticos.

Por ello, cualquier intento de blindar las elecciones enfrenta un dilema complejo: cómo evitar la infiltración del crimen organizado sin vulnerar derechos fundamentales ni convertir las acusaciones en herramientas de persecución política.

Ante ese escenario, quizá lo único que realmente queda es fortalecer las capacidades institucionales del Estado, mejorar los mecanismos de fiscalización, transparentar los procesos internos de los partidos y, sobre todo, confiar en un electorado informado y crítico que sea capaz de castigar, mediante el voto, a quienes generen sospechas razonables sobre vínculos con organizaciones criminales.

Iván Arrazola es analista político e integrante de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC