Marzo del Plan A,B electoral
Termina marzo, pero para nuestro sistema democrático parece que termina un año. La presidenta ha enviado dos iniciativas constitucionales en materia electoral en tan sólo un mes, quien haciendo uso...
Termina marzo, pero para nuestro sistema democrático parece que termina un año. La presidenta ha enviado dos iniciativas constitucionales en materia electoral en tan sólo un mes, quien haciendo uso de su mayoría en las cámaras, omitiendo todo proceso legislativo, han sido discutidas.
La Constitución es clara sobre el proceso legislativo, el artículo 71° establece que “el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente” y que deberán ser discutidas en un plazo máximo de 30 días naturales. Es decir, el primero de septiembre y el primero de febrero respectivamente. Asimismo, restringe que las iniciativas que adicionan o reforman la Constitución, no pueden tener el carácter de preferente.
Y qué creen, el famoso Plan A de la presidenta, fue enviado el 4 de marzo a la Cámara de Diputados y el 11 de marzo ya se estaba discutiendo en El Pleno. Si bien no fue presentada, como preferente, se le dio ese trámite, porque pendientes por dictaminar hay muchos. No hubo tiempo para su discusión a fondo y analizar su contenido o incluir otros temas como el de los pueblos indígenas, es más, no se dieron tiempo para el cabildeo político para lograr su aprobación, mucho menos hubo tiempo para ejercicios de parlamento abierto.
El resultado era el esperado, porque cuándo se tocan intereses políticos, económicos, vaya cuando el poder está en juego por supuesto que la negociación es fundamental. Aunque la falta de consecuencias políticas ante la ausencia de disciplina parlamentaria hacen pensar que todo estaba calculado.
Ante el fracaso de la primera iniciativa en la Cámara de Diputados, la presidenta envió su Plan B, pero ahora al Senado, tal vez para no caer en el supuesto que establece el 72 Constitucional que establece que todo asunto que sea desechado en la Cámara de origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año, o quizá por cálculo político y considerar que el Senado “sí contaban” los votos. Siguieron el mismo modus operandi. El martes 17 de marzo el Senado recibió la iniciativa de la presidenta y el miércoles 2 de marzo se estaba aprobando con 87 votos a favor y 41 en contra, pero ojo, nuevamente generando división entre sus aliados, rechazando la propuesta en materia de revocación de mandato.
El discurso oficial de ambas reformas, se centra en la reducción de privilegios que tiene que ver con la reducción del gasto, acabar con el nepotismo y fortalecer la democracia participativa. Sin embargo, las propuestas están lejos del hartazgo ciudadano. Si quieren acabar con el nepotismo, que se regule no sólo no heredar el cargo, sino restringir que las familias se adueñen de los altos cargos públicos. No es acabar con los privilegios, sino que todas las personas podamos tener un salario digno y una pensión justa. En un país con 2,462 municipios, de los cuales sólo cincuenta y seis están integrados por más de 15 regidores debido al número de habitantes y más de mil están integrados con menos de 7 regidores, resulta innecesaria una reforma que atenta contra el federalismo.
La omisión ya subsanada en materia de paridad, habla de las prisas con las que quieren concentrar el poder político. Y así, entre prisas sacaron la convocatoria para la renovación del Consejo General del INE, con tiempos cortos, muchos requisitos, con dados ya cargados al conocer la lista de aspirantes, al tiempo. Recordemos que ya el mundo nos ve cómo una autocracia.
Viviana Islas Mendoza Colaboradora de Integridad Ciudadana, Consejera Local del INE Estado de México, Funcionaria en la Administración Pública Municipal, Politóloga por la UAM, con estudios de posgrado en Políticas Públicas y Derecho Parlamentario. @VivianaIslasM @Integridad_AC
