Esta crisis no es mía
Hay momentos en los que la política deja de ser una disputa de narrativas y se convierte en un ejercicio de evasión. Eso es lo que ocurre frente a la crisis de desapariciones en México: un problema...
Hay momentos en los que la política deja de ser una disputa de narrativas y se convierte en un ejercicio de evasión. Eso es lo que ocurre frente a la crisis de desapariciones en México: un problema de dimensiones estructurales que, lejos de asumirse, se diluye entre descalificaciones, matices y deslindes por parte del gobierno de México.
En este contexto, la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU no es menor. Por un lado, el organismo reconoce que no existen elementos para afirmar la existencia de una política federal sistemática de desapariciones forzadas. Sin embargo, ese reconocimiento no atenúa la gravedad del diagnóstico; por el contrario, la profundiza. Advierte que las desapariciones pueden constituir crímenes de lesa humanidad aun cuando participen actores no estatales —e incluso cuando existan indicios de intervención de actores estatales que el gobierno se resiste a reconocer—, siempre que se inscriban en dinámicas generalizadas de violencia contra la población civil.
A partir de ahí, el señalamiento es contundente. El registro oficial no ofrece claridad suficiente, la magnitud del fenómeno es alarmante —con miles de fosas clandestinas y decenas de miles de restos sin identificar— y, sobre todo, las medidas adoptadas en los últimos años no han producido mejoras sustanciales. En consecuencia, el Comité plantea la necesidad de escalar el tema ante la Asamblea General de la ONU, lo que en términos políticos implica reconocer que el problema ha rebasado las capacidades del Estado mexicano.
Frente a este diagnóstico, la respuesta del gobierno de México no ha sido de apertura, sino de contención. En lugar de asumir la dimensión del señalamiento, opta por descalificarlo: lo considera tendencioso, cuestiona su rigor jurídico e incluso pone en duda si sus integrantes pertenecen a la ONU. Además, insiste en que el informe se refiere a hechos del pasado —particularmente entre 2009 y 2017— y a contextos regionales específicos, con lo cual busca acotar tanto la responsabilidad como el alcance del problema.
De manera paralela, el gobierno subraya sus avances: reformas legales, nuevos instrumentos institucionales y espacios de diálogo con colectivos. Bajo esta lógica, el mensaje es claro: el Estado no tolera desapariciones forzadas y, por tanto, no puede ser colocado en la misma categoría que aquellos contextos donde existe una política sistemática de represión.
No obstante, ahí radica el punto ciego de la discusión. Porque el problema no es únicamente si el Estado ordena o no las desapariciones, sino si tiene la capacidad real para prevenirlas, investigarlas y sancionarlas. Y es precisamente en ese terreno donde los datos muestran una brecha persistente. Las instituciones siguen rebasadas, los procesos de investigación son deficientes y la coordinación entre niveles de gobierno continúa siendo fragmentaria.
Además, el intento de delimitar la crisis al pasado o a ciertos estados no resuelve el problema de fondo. Las desapariciones no son un fenómeno clausurado; siguen ocurriendo. Y aunque su origen pueda rastrearse a periodos anteriores, su persistencia en el presente obliga a replantear la estrategia más allá de la narrativa política.
En ese sentido, la respuesta gubernamental parece moverse más en el terreno de las intenciones que en el de los resultados. Se habla de voluntad, de cambios normativos, de transformación institucional. Sin embargo, sin una reconfiguración profunda de las capacidades operativas —ministerios públicos, peritajes, sistemas de búsqueda—, cualquier avance resulta insuficiente frente a la magnitud del desafío.
Por eso, el verdadero dilema no está en quién inició la crisis, sino en quién está dispuesto a enfrentarla sin pretextos. Porque cuando la respuesta se limita a deslindar responsabilidades, el mensaje implícito es otro: esta crisis no es mía. Y quizá ahí radique el mayor riesgo. No en el señalamiento internacional, sino en la normalización de una tragedia que, entre discursos y justificaciones, sigue acumulando ausencias.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC
